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Personas extranjeras que llegan a las Costas Andaluzas

Durante el año 2017, las cifras oficiales señalan que un total de 28.349 personas entraron irregularmente en España por el sur, de las cuales 22.103 lo hicieron en embarcaciones. El 93,9% de estas personas lo hicieron por el Mediterráneo.

Las costas gaditanas han venido siendo la zona mayoritaria de llegada a territorio español; por la que en 2017 llegaron 5.954 personas en 376 embarcaciones. La única respuesta que se ofrece a las personas que llegan a esta parte de Andalucía es la de unos CIE (Centro de Internamiento de extranjeros) claramente inadecuados

Sin menoscabar los esfuerzos de quienes actúan en estos primeros momentos, lo cierto es que se constata una notable precariedad de dispositivos para articular una atención humanitaria merecedora de tal nombre, al margen de las labores puramente policiales

Ante esta problemática, la propuesta del Defensor del Pueblo Español es: Crear y dotar de estabilidad un organismo que coordine permanentemente esos esfuerzos y que dé coherencia a las actuaciones de las diferentes Administraciones públicas para abordar un hecho estructural como es la inmigración y, en lo que ahora toca, la llegada a las costas de embarcaciones con personas migrantes.

Por lo que se refiere a las comisarías, no parecen lugar  adecuado para privar de libertad, aunque sea durante unas horas, a personas que han viajado en condiciones de extrema dureza. Pensemos en que se trata de un lugar donde no hay luz natural y donde no pueden tomar una ducha después de un duro tiempo en la mar. Burocratizar estas privaciones de libertad, como así ocurre también con los internamientos, conduce a extender el velo de la invisibilidad sobre situaciones para las que el ordenamiento jurídico español tiene poderosas respuestas. Mención aparte requieren los denominados centros de primera acogida y detención, ubicados en Motril y Almería. Lo que podría haberse convertido en una buena práctica, ha acabado transformándose en una prolongación de una comisaría, desprovista de los servicios mínimos esenciales para las circunstancias de las personas que han de atenderse. Presenciar en 2017 a madres con bebés en calabozos, a menores no acompañados encerrados en celdas, a hombres durmiendo en el suelo, la carencia de calefacción a 20 metros del mar, entre otras cosas, nos debería sonrojar después de llevar años recibiendo a personas migrantes continuamente.

Quizá fuera también bueno pensarse dos veces el recurso al lenguaje bélico para referirse a personas que, hasta donde sabemos, tenían la pretensión de buscar un mejor presente y un futuro digno de tal nombre. Pero, y esto es lo más grave, lo que resulta más llamativo es la «sorpresa» con la que aún se abordan estas situaciones, que vienen repitiéndose durante los últimos 30 años en diferentes puntos del litoral español.

La asistencia jurídica que estas personas reciben cuando llegan a la costa es elemental para que el conjunto de garantías que tiene previsto nuestro ordenamiento, como corresponde a un estado de derecho avanzado, funcionen de manera correcta.

Para que estas personas tengan menos estímulos para lanzarse al mar deben habilitarse vías legales y seguras que faciliten la entrada de la denominada inmigración laboral o económica (por de pronto no está de más reparar en lo reduccionista de este concepto, ya que vienen personas y no sólo trabajadores), junto a programas de reasentamiento y reubicación sostenidos por la Unión Europea para las personas con necesidades de protección internacional. Pero, no nos equivoquemos, es el fenómeno de la desigualdad, persistente y radical, el que actúa como un poderoso acicate para que muchas personas decidan intentar una travesía peligrosa. Hasta ahora la respuesta ha sido, en el mejor de los supuestos, una acogida humanitaria a muy corto plazo, pero esto es nuevamente un ejercicio insatisfactorio. Tendríamos que plantearnos un modelo de acogida más realista que contemple desde iniciativas de retorno incentivado, a procesos de migración circular y, mientras estén aquí, programas que eviten bolsas de marginalidad peligrosas para todos.

Todas estas afirmaciones se pueden resumir en Archidona; ejemplo, paradigmático de una mecánica que resulta insuficiente para dar una respuesta digna a la llegada de personas a nuestras costas y que se cerró el pasado 10 de enero.

En Archidona se pusieron de manifiesto las carencias en determinados servicios esenciales, como el acceso a agua potable, el uso de la lavandería y la puesta en marcha de la cocina durante los primeros días.

Su gestión no puede quedar en manos de Unidades de Intervención Policial por el simple hecho de que la custodia se realizara por agentes con todo su equipo de protección, cascos y escudos incluidos, contribuyó a mantener un entorno de tensión que se podía haber rebajado.

Este último extremo hay que  hacer una obligada referencia sobre el hecho más luctuoso ocurrido en el CIE provisional de Archidona. Lógicamente, la muerte del ciudadano argelino Mohamed Bouderbala. Muerte sobre la que esta institución no tiene dudas de que se trató de un suicidio, como ha informado el Ministerio del Interior.

De hecho, partiendo de las propias explicaciones facilitadas por las autoridades policiales, y asumiendo que el Sr. Bouderbala participara en unos incidentes previos y que, como consecuencia de ellos, fue aislado en una celda, lo que resulta cuestionable es que ese aislamiento se realizara como se realizó. Esta persona no fue reconocida por personal sanitario y no tuvo la más mínima vigilancia durante casi 16 horas. La decisión de no efectuar una ronda de vigilancia periódica resulta totalmente incomprensible.

Desafortunadamente no es posible saber si esa muerte hubiera o no podido evitarse. Pero sí que deberían haberse puesto mayores medios para que no ocurriera.

Extracto de la Comparecencia del Defensor del Pueblo (e.f.) ante la Comisión Mixta Congreso de los Diputados-Senado de relaciones con la institución, a petición de la propia Comisión, sobre el asunto «Informe sobre la situación en España con la llegada de inmigrantes irregulares de Cartagena a Tarifa»

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2018

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